AA.VV
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Un día después, se promulgaba en España la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Ambas cuerpos normativos, gestados paralelamente en el tiempo, y que se proyectan sobre realidades con evidentes conexiones entre sí, parecen diferir en cuanto a los principios, valores y modelos de concebir la discapacidad que los informan. Mientras que la Convención proclama y hace suyo el llamado modelo social de la discapacidad, la Ley 39/2006, pese a su denominación, permanece anclada en varios de sus aspectos fundamentales en esquemas asistencialistas, propios de etapas felizmente superadas. Estas divergencias de enfoque y regulación se han visto agravadas en tanto el Tratado internacional fue firmado y ratificado por España, por lo que desde mayo de 2008 entró a formar parte del ordenamiento jurídico español, al que ya pertenecía la Ley 39/2006. El conflicto jurídico, pod
